El bono extraordinario previsional de $70.000 nació como una ayuda destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos (Decreto 177/2024). Sin embargo, el monto permanece congelado nominalmente en $70.000, mientras el costo de vida aumentó de manera sostenida.
De acuerdo con el cálculo de actualización por inflación, aquellos $70.000 deberían representar hoy aproximadamente $226.903 para conservar el mismo poder de compra. Es decir, el bono actual conserva apenas el 31% de su valor real, con una pérdida cercana al 70%.
La injusticia no termina allí. El bono no se paga íntegramente a todos los jubilados, sino que está dirigido a quienes se encuentran dentro de determinados límites de haber. En septiembre de 2026, quien percibe hasta el haber mínimo de $428.633,20 recibe los $70.000 completos; quienes superan ese monto reciben solamente lo necesario para alcanzar, sumando jubilación y bono, los $498.633,20. Quienes superan ese límite quedan directamente excluidos.
Además, la medida alcanza a determinadas prestaciones cuya movilidad se rige por el régimen general, junto con PUAM y pensiones no contributivas. Quedan fuera, en cambio, prestaciones sujetas a determinados regímenes especiales con movilidad propia (Docentes, Docentes Universitarios, por ejemplo).
Y aquí aparece otra pregunta de justicia previsional: ¿por qué la pérdida del poder adquisitivo debería afectar solamente a quienes cobran menos o a quienes están incluidos en el régimen general? La inflación no distingue entre un jubilado del régimen general, un docente, un profesional o un beneficiario de un régimen especial. Todos enfrentan el mismo aumento de alimentos, medicamentos, servicios y vivienda.
El bono fue concebido como una compensación. Pero si durante años se mantiene en $70.000, mientras su valor real cae hasta representar apenas una tercera parte de lo que originalmente significaba, deja de ser una verdadera reparación.