En el contexto de una Argentina en constante transformación social y laboral, se avecina una propuesta legislativa que podría marcar un antes y un después en el sistema previsional. Durante el mes de abril, el Congreso de la Nación debatirá el proyecto de ley orientado a instaurar la prestación del “Retiro Proporcional”, destinada a quienes, habiendo alcanzado la edad de jubilación, cuentan con menos de 30 años de aportes. Esta iniciativa busca responder a las demandas de un sector históricamente vulnerable frente a los desafíos de un sistema contributivo tradicional.
Desde una perspectiva jurídica, la propuesta se fundamenta en principios constitucionales y de equidad, en tanto reconoce el derecho de toda persona a contar con un retiro digno, independientemente de la extensión de su vida laboral contributiva. El Retiro Proporcional se erige como mecanismo compensatorio que, en lugar de dejar al margen a aquellos trabajadores que no alcanzaron la totalidad de años exigidos, les otorga una prestación ajustada a la cantidad de años aportados. Esta modalidad plantea una reconfiguración del derecho previsional, al incorporar elementos de proporcionalidad y equidad que podrían, en teoría, mitigar las brechas generacionales y socioeconómicas.
El debate en torno a la reforma previsional ha sido recurrente en el discurso político y social argentino. En las últimas décadas, el sistema ha enfrentado desafíos derivados de la informalidad laboral, la economía dinámica y, en algunos casos, deficiencias en la planificación a largo plazo. El proyecto que se someterá a discusión en abril intenta, de manera directa, abordar una de las principales críticas: la rigidez de los requisitos para acceder a una jubilación plena. Al contemplar el Retiro Proporcional, se reconoce que el aporte al sistema no siempre se traduce en una carrera laboral continua y que, por ello, es necesario implementar medidas que contemplen la diversidad de trayectorias laborales.
Desde el ámbito del derecho laboral, esta propuesta abre una puerta para repensar la relación entre la cotización y el acceso a derechos fundamentales en la jubilación. La medida no solo beneficia a aquellos que han contribuido de manera parcial durante su vida laboral, sino que también insta a una revisión de los criterios de cálculo y de los mecanismos de financiamiento del sistema.